Cuando fallece una persona, sus bienes no se transfieren automáticamente a los herederos: es necesario adelantar un proceso de sucesión que determine quiénes heredan y qué les corresponde.
Si todos los herederos están de acuerdo sobre cómo repartir los bienes, la sucesión puede tramitarse ante notaría, lo cual es considerablemente más rápido que un proceso judicial.
Cuando hay desacuerdo entre los herederos, o cuando existen menores de edad o personas con discapacidad involucradas, el trámite debe hacerse ante un juzgado de familia, lo que añade tiempo y formalidades al proceso.
Los documentos habituales son el registro civil de defunción, los registros civiles de los herederos, y los documentos que acrediten los bienes (escrituras, certificados de tradición, extractos bancarios, entre otros).
Un aspecto que muchas familias desconocen: mientras la sucesión no se liquide, los bienes quedan en una especie de limbo legal que impide venderlos o hipotecarlos con seguridad. Por eso conviene iniciar el trámite cuanto antes.
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